Que no queden impunes

Extraído de la web  “El montonero”- Lima

Esta semana el Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA) declaró culpables a 13 pobladores de la provincia de Islay (Arequipa) del delito contra de la seguridad pública por haber bloqueado el 15 de abril de 2015 los accesos al valle de Tambo. Ese día varios manifestantes radicales actuaron de manera muy violenta, provocando daños a las personas y a la propiedad pública y privada.  Según la ley, la pena para estos acusados debió ser de hasta seis años de cárcel efectiva. Sin embargo, el Juzgado Unipersonal arequipeño falló por cuatro años de prisión suspendida para los imputados.

La benevolencia de las condenas genera suspicacias, la sospecha de alguna extorsión o algún tipo de amenaza que estarían recibiendo quienes administran la justicia en el país. Así como el movimiento extremista practica el amedrentamiento y la coacción en la población, con el propósito de sumar fuerzas para que la gente se una y participe de los actos vandálicos que ellos organizan, así también estaría intimidando a las autoridades judiciales. El delito contra la seguridad pública en la modalidad de bloqueo de carreteras es la práctica común de toda protesta violenta, que ha quedado impune en numerosas ocasiones.

En abril 2015, el alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, y el dirigente anti minero Pepe Julio Gutiérrez (quien cumplió una prisión preventiva por un proceso de extorsión en curso), fueron sindicados como promotores de la protesta violenta que duró 23 días en la provincia de Islay. Además, Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios Tambo, fue detenido cuando interrumpía la vía pública acompañado de unas noventa personas y utilizando una camioneta con las placas de identificación cubiertas.

Cornejo es ahora candidato a la alcaldía de la Municipalidad distrital de Deán Valdivia por el Frente Amplio. Ha sido acusado, también, de desfalco en la Junta de Usuarios, y de agresión física contra una dirigente agraria (flagelándola y jalándola de los cabellos, según informa la prensa local).

En Arequipa volvería a suceder lo mismo. Con el cuento de que el Estado no puede criminalizar la libre protesta ciudadana, para confundir a la población, los anti mineros se preparan para impedir el desarrollo del Proyecto Tía María.